El derecho a la vivienda empieza en lo municipal
Comunicado de PAH’s madrileñas y grupos de vivienda tras la primera reunión con la concejalía de Equidad, Bienestar y Asuntos Sociales.
Sí se puede… con medidas más ambiciosas y protagonismo de las de abajo.
Tras la primera reunión entre la concejala de Equidad, Bienestar y Asuntos Sociales, Marta Higueras, y el movimiento por el derecho a la vivienda y contra los desahucios, como *PAH’s y grupos de vivienda de la ciudad de Madrid ofrecemos nuestra valoración. En general, valoramos positivamente la disposición del nuevo ayuntamiento al diálogo, a diferencia de anteriores gobiernos. También el gesto de no enviar a las UCS de la policía municipal a los desahucios. No obstante, tenemos que decir que echamos en falta, de entre todas las medidas que explicó el equipo municipal, un enfoque mas integral y ambicioso por el derecho a la vivienda. La vivienda es un derecho fundamental destrozado por el modelo económico especulativo y financiero que ha sido el primer responsable de la crisis; los desahucios son sólo la parte más visible de esta situación. En este sentido, consideramos insuficientes las primeras propuestas, y entendemos que la experiencia de las PAHs, asambleas y grupos de vivienda de Madrid es imprescindible para mantener abierta la posibilidad de construir desde lo local el derecho colectivo a la vivienda:
Oficina Intermediación hipotecaria:
Consideramos que la medida más destacada por la concejala Higueras –y no incluida en el programa de Ahora Madrid– es un dispositivo con claros límites: se crea una mediación de bajo perfil institucional, que afecta sólo a una minoría de los desahucios realmente existentes en la ciudad de Madrid y que seguirá criterios poco exigentes con los bancos. La concejala expresó en diferentes ocasiones su posición contraria a la dación en pago, y el enfoque de la mediación irá en su lugar a negociar reestructuraciones y quitas de la deuda, siguiendo la línea de novaciones que los propios bancos ya están usando en los últimos meses. Entendemos que este enfoque es erróneo: no se puede apostar de nuevo por el endeudamiento y la ficción de la vivienda en propiedad. Nuestra experiencia nos dice que las propuestas de refinanciación y quitas por parte de los bancos han sido estafas.
Ante nuestra pregunta, la concejala no negó que una de las medidas previstas dentro de este dispositivo sea que el Ayuntamiento pague al banco parte de la cuota hipotecaria que no puedan pagar los hogares amenazados de desahucio: entendemos este tipo de políticas como ayudas indirectas a los grandes propietarios de vivienda (bancos, constructoras, promotoras y grandes inmobiliarias), tanto en el caso de las hipotecas como en los alquileres, y por ello no deben figurar entre las posibilidades intervención del Ayuntamiento. No podemos admitir que se vuelva a invertir más dinero público en rescatar a los bancos, esa no es la solución.
En conjunto, el enfoque del servicio de mediación puede resultar contradictorio con el objetivo de que los bancos cedan parte de sus viviendas en régimen de alquiler social. Por último, es un motivo de preocupación el perfil y procedencia de la agencia externa que estará encargada del servicio de mediación, en especial nos oponemos a que los notarios y el colegio de economistas formen parte dado que su perfil y actuación hasta la actualidad ha venido posicionándose en beneficio de los bancos y en claro perjuicio de los beneficios de los particulares hipotecados y porque ésta responderá a perfiles técnicos antes que sociales, incurriendo en un posible dumping frente a las reclamaciones de los afectados organizados.Esta condición es doblemente preocupante dado el bajo perfil institucional de este dispositivo, orientado a refinanciar y reestructurar deudas que se prolongarán sin duda más allá del tiempo de existencia de la Oficina de Intermediación, y en un contexto financiero y económico incierto a medio plazo. De existir, las oficinas de mediación no deberían servir para hacer el trabajo de los bancos sino para proteger, asesorar y defender los derechos e intereses de las vecinas de Madrid.
Alquileres y recuperaciones:
Destacamos que las medidas antidesahucios propuestas por el Ayuntamiento están pensadas sólo para hipotecas, que actualmente son menores en número de desahucios si los comparamos con la mayoría que proceden de procesos por impago de alquiler, sin que dispongamos de datos globales de los procesos por ejecución para personas y familias que han ocupado pisos vacíos, pero que son una realidad cotidiana en los barrios más empobrecidos.
Por lo tanto, pedimos que el Ayuntamiento sea más activo y contundente en su exigencia pública de cesión de viviendas de bancos y de la SAREB, es decir, no esperar a lo que quieran ceder, sino exigir un censo de casas vacías y demandar de entrada la cesión de las viviendas que se encuentran amenazadas de desahucio (no que cedan unas y echen a la gente de las que ya habitan). De lo contrario, un entorno de entre 1.000 o 2.000 pisos más en manos del ayuntamiento serán completamente insuficientes para absorber la enorme necesidad de vivienda social existente.
Consideramos positivo que la concejala se refiriera a que la cuantía y criterios de la concesión del alquiler social en las viviendas que vayan engrosando el parque público se definirá “entre todos”. En este sentido, recordamos que la PAH debe estar presente para definir los criterios en las mesas de servicios sociales pertinentes y reivindicamos nuestro criterio de tope del 30% de los ingresos familiares (acorde con los criterios de la ONU) o del 10% en familias que ingresan menos que el SMI (Salario Mínimo Interprofesional).
EMVS
Consideramos poco ambiciosa y contundente la posicion de la concejala sobre la Empresa Municipal de la Vivienda Y Suelo (EMVS), cuya politica de venta de la poca vivienda publica y social a los denominados fondos buitre ha dejado al Ayuntamiento sin su principal instrumento de intervención. Hoy, indirecta o directamente, la EMV es la primera desahuciadora en la ciudad de Madrid, y en este sentido resulta preocupante escuchar de boca de Higueras la afirmación de que los desahucios de la EMV se deben a motivos de convivencia. Por nuestra parte, hemos trasladado al ayuntamiento nuestras peticiones: paralización de posibles desahucios en marcha, reversion inmediata de los contratos traspasados a los fondos buitre, auditoria de la EMV y censo de vivienda vacía en manos del Ayuntamiento. Una vez constituidos los nuevos cargos de la EMV, entendemos que estas cuestiones deberán ser prioritarias para el Ayuntamiento.
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca llevamos años planteando soluciones realistas al problema de la vivienda de una manera integral. Sabemos que sí se puede, solo hace falta voluntad política para llevarlo a cabo.
La vivienda es un derecho, no un negocio.
Ni casas sin gente, ni gente sin casas.
